Encuentro de trabajo con el Área de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias

Creado el 30 Julio 2012 Categoría: Relaciones Institucionales
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SÍNTESIS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO

Tal y como se solicita por parte de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de las Provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, elaboran el presente documento que relata una síntesis de los asuntos tratados en el encuentro celebrado entre estas organizaciones y la precitada Consejería.

Objetivo de la reunión: Profundizar en la situación del Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias, detectando sus principales necesidades, con el objeto de proponer y valorar alternativas de mejora al mismo.

Fecha: 30 de Julio de 2012.
Horario: 10.30 a 13.15 horas.
Lugar: Sede de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
Edificio El Cabo. C/ Leoncio Rodríguez, nº 3, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Orden del día:

  1. Exposición de la situación del Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias, de la aplicación de la LPAPAD en Canarias y de la Ley de Prestación Canaria de Inserción.
  2. Alternativas, soluciones operativas y procesos de mejora.
  3. Conclusiones.

Participantes:

  • Excma. Sra. Dña. Inés Nieves Rojas de León, Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
  • Ilmo. Sr. D. Melchor Núñez Pérez, Viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración.
  • Ilmo. Sr. D. Francisco Hernández Padilla, Secretario General Técnico de la Consejería.  
  • Ilma. Sra. Dña. Ángeles Nieves Fernández Acosta, Directora General de Políticas Sociales.
  • Sr. D. David J. Muñoz Pérez, Presidente del Colegio Oficial Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de Las Palmas.
  • Sra. Dña. Gloria Díaz Rodríguez, Tesorera del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife.
  • Dña. Mª Teresa Cabeza Alonso, colaboradora del Colegio Oficial Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de Las Palmas.
  • D. Jonathan Piñero Regalado, colaborador del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife.

ASUNTOS

• Sobre la situación del Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias:

Desde la Consejería, se destaca que la ordenación y reorientación del Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias subyace a la aprobación de un nuevo marco legislativo en el territorio canario que incorpore modificaciones acordes a las nuevas realidades sociales. La Consejera, argumenta que el trabajo iniciado en la legislatura anterior, para la elaboración de una nueva Ley que reorganice el mapa estructural de los Servicios Sociales de Canarias, se retomará en breve. En octubre de 2012, se convocará nuevamente al Grupo de Trabajo constituido en el seno del Consejo General de Servicios Sociales, que debe ser muy operativo, con la intención de acelerar el proceso (Consejos, trámites parlamentarios,..), de tal manera que en diciembre de 2013 la Ley pueda estar aprobada. Este grupo partirá del trabajo anterior: texto del anteproyecto y aportaciones posteriores. Además, el Comisionado para el Desarrollo de Autogobierno y las Reformas Institucionales, adscrito a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, ha sondeado recientemente a los Colegios para conocer su visión respecto al Sistema de Servicios Sociales en Canarias, bajo el propósito de formular una propuesta de estructura para esa nueva Ley, entre otros asuntos, como la dotación necesaria de recursos financieros y materiales. De igual modo, está prevista la incorporación del Sistema Canario de Atención a la Dependencia y la Prestación Canaria de Inserción al nuevo marco legal, como instrumentos y recursos especializados en el marco global de los Servicios Sociales en Canarias.

Los Colegios hacen un relato histórico de la realidad de los Servicios Sociales en Canarias, enfatizando las dificultades detectadas en los últimos tiempos basadas principalmente en un modelo que carece de idoneidad respecto a las nuevas necesidades sociales, la  inestabilidad financiera de los programas y servicios, la carencia de un marco estable que regule criterios, funcionamientos, procedimientos y protocolos entre todas las administraciones canarias. Los/as trabajadores/as sociales consideran de vital importancia dar diligencia a un proceso de elaboración y configuración de la nueva ley territorial, de manera consensuada y adaptada a la nueva estructura social, tomando como referencia un diagnóstico de la realidad canaria.

Tanto la Consejería como los Colegios, apuestan por una estructura de financiación objetiva y estable, con una adecuada planificación y un modelo de supervisión que favorezca la evaluación. Entre todos, se destaca la importancia de reordenar la estructura y los recursos, de distribuir y coordinar adecuadamente competencias y responsabilidades, de lograr el entendimiento necesario entre las diferentes administraciones, de lograr unos mínimos de homogeneidad y de calidad  frente a la desorganización de competencias, la desorientación y la duplicidad de servicios y prestaciones.

La Consejera argumenta que, pese a la difícil situación económica que atravesamos, durante este ejercicio presupuestario, la Comunidad Autónoma ha contemplado un 2,58 % de aumento en el área de Políticas Sociales.

Por su parte, los Colegios Profesionales, que representan a un colectivo cifrado en torno a tres mil profesionales en esta Comunidad, ponen de manifiesto a la Consejería su intención y deseo de colaborar en la articulación de alternativas y propuestas de mejora para el Sistema Público de Servicios Sociales. Por consiguiente, la filosofía de las organizaciones colegiales, en virtud de las competencias que legalmente tienen atribuidas, bregan por la existencia de un espíritu crítico constructivo que favorezca el crecimiento de una estructura de Servicios Sociales dotada, estable, equitativa y suficiente para hacer frente a las necesidades del territorio canario. Este espíritu se fundamenta en el deber como profesionales del Trabajo Social de informar, proponer y colaborar en redes, colectivos y  espacios públicos que visibilicen la importancia de este modelo de sociedad constructiva.

Desde la Consejería, se insta a los Colegios a promover prácticas que pongan más en contacto a los/as profesionales con la ciudadanía, rogando que los/as trabajadores/as sociales “salgan más de los despachos”. Los Colegios Profesionales secundan dicho planteamiento, apostando por la incorporación de estrategias que refuercen el Trabajo Social Comunitario, pero que sea el propio Sistema el que facilite ese modelo de intervención, por lo que lo oportuno en tal caso es potenciar políticas sociales que amplíen la dimensión grupal, familiar y comunitaria del Trabajo Social, desde las propias estructuras administrativas y legales. Los Colegios opinan que no es viable un Trabajo Social Comunitario cuando el propio modelo de Servicios Sociales restringe las posibilidades de desarrollo y expansión de la profesión, especialmente por las exigencias burocráticas y legales de las administraciones. Tanto la Consejería como los Colegios, reconocen que el desarrollo del Trabajo Social Comunitario, en detrimento de prácticas profesionales de excesiva gestión burocrática, exige la implicación de todas las partes intervinientes en la realidad social (ciudadanía, profesionales, agentes sociales y políticos).

• Sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia:

Desde la Consejería, se comenta el “choque frontal” que se ha producido entre el Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia creado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y la normativa y el funcionamiento de recursos que ya existían en Canarias, con un conjunto de buenas prácticas a destacar, pero con una organización muy variopinta. La armonización y articulación de ambos sistemas resulta especialmente compleja y requiere del esfuerzo y el entendimiento de todas las entidades afectadas.

Desde el año 2008, un equipo de expertos se ha dedicado a estructurar y programar la transición al que será el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (SICAD), con la previsión de que esté culminado durante el año 2013.

En estos momentos, la Consejería se muestra expectante ante las nuevas directrices y modificaciones legales que el Estado augura para la LPAPAD. Con la reforma del Sistema ya decretada, debe replantearse nuevamente el modelo, incluyendo los decretos, criterios, baremos, etc. La Consejería argumenta que todos sus esfuerzos están dirigidos a ordenar, articular y sostener los recursos existentes, al tiempo que a revisar y adecuar los procedimientos a la normativa estatal. En esta línea, se procura avanzar en la red de recursos, manteniendo el papel de los Cabildos encargados de la gestión de plazas de centros socio sanitarios y de atención a la discapacidad. Los/as responsables políticos manifiestan que desde la Administración se estudia la manera de incorporar nuevos casos que anteriormente no han sido valorados y cómo revisar los que ya están siendo atendidos o cubiertos por dicho Sistema. Sin embargo, la Consejera confirma que se mantendrá la ocupación de plazas residenciales por personas que, habiéndoseles reconocido el grado de Dependencia Moderada según la nueva legislación estatal, accedieron al recurso a través del procedimiento previsto por la normativa canaria previa.

En cuanto a la financiación por parte del Estado, la Comunidad Autónoma recibirá un porcentaje de ingresos para mantener la estructura y el funcionamiento del Sistema y otra parte, se sufragará en función del número de personas en situación de dependencia atendidas, independientemente de que reciban servicio o prestación económica. Es intención del Estado premiar a las comunidades que promuevan más los servicios.

Desde los Colegios, se pone el acento en las graves dificultades de cooperación y coordinación interadministrativa que existe entre las instituciones de la red de Servicios Sociales y Socio sanitarios de Canarias, que dificulta de forma sustancial la adecuada aplicación de este marco legal en el territorio. Los Colegios insisten nuevamente en regular mediante órdenes y reglamentos los  procedimientos, criterios de acceso, el funcionamiento y la organización de los servicios vinculados a la LPAPAD, donde primen los principios básicos de equidad, igualdad, accesibilidad y universalidad. Todo ello, sin perjuicio de promover, o al menos reforzar, la cartera de servicios que se requiere para dar respuesta a las demandas de numerosas personas que ya tienen reconocida una situación de dependencia.

• Sobre la Prestación Canaria de Inserción:

Desde la Consejería, se recuerda la naturaleza de esta Prestación, su finalidad y el contexto en el que se aprueba la Ley que la regula. Se plantea la siguiente disyuntiva: “o la modificamos, o la cumplimos estrictamente; no podemos desvirtuarla”. Los miembros de la Consejería afirman que optan por la segunda opción. Insisten en que esta Prestación está destinada a atender a un sector muy concreto de la población, no pudiendo generalizarse para atender a personas desempleadas que han quedado ocasionalmente sin recursos por la situación sobrevenida de crisis económica. El Gobierno Canario considera que existen otras herramientas para atender las necesidades básicas de estas familias, como pueden ser los programas de ayudas de emergencia social, vinculados a otras dotaciones presupuestarias del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre otras. La Consejera insiste igualmente en la importancia de centrar el esfuerzo de los/as profesionales en el diseño y seguimiento de los itinerarios de inserción, utilizando los recursos del entorno y en coordinación con otras entidades.

Desde los Colegios Profesionales se manifiesta que el problema actual de la sociedad canaria no es si se está desvirtuando o no una determinada Ley, sino que 752.074 personas (35,4 %) se encuentra en riesgo de exclusión social (INE, 2012) y que 118.000 personas desempleadas no perciben ningún tipo de prestación. Y las políticas sociales actuales no están dando respuesta a esta realidad. Por otra parte, se coincide con los miembros de la Consejería allí presentes que encontrarse en situación de desempleo no es lo mismo que encontrarse en situación de exclusión social. Sin embargo, se recuerda que el empleo, junto con los ingresos económicos y la vivienda, son los factores de inclusión – exclusión más potentes.  

No obstante, conviene aclarar que cuando una persona solicita la PCI, y parece que en principio lo único que parece que les afecta es el desempleo, y que finalmente la recibe:

  • Llevan mínimo un año en situación de pobreza relativa (según Escala de Equivalencia de la OCDE modificada) pues éste es uno de los requisitos para acceder a la misma. Además, la cuantía que perciben a través de la Ayuda Económica Básica de la PCI las mantiene en situación de pobreza relativa. Por lo tanto sufren exclusión del ámbito de los ingresos económicos.
  • La gran mayoría se encuentra en situación de desempleo y si está trabajando, es en trabajos precarios y a jornada parcial. Por ello, sufren exclusión en el ámbito del empleo.
  • Si cuando acude reside en vivienda de alquiler, al no disponer de ingresos económicos suficientes para hacer frente a este gasto, se considera que sufren exclusión residencial. 
  • Al encontrarse en situación de pobreza relativa, su participación social se reduce drásticamente, pues en la sociedad actual la participación va aparejada a la capacidad de consumo. Es decir, sufren exclusión, mínimo leve, en el ámbito de la participación social.

Se expone la consideración de que tanto la normativa como el procedimiento para acceder a esta Prestación, no se adaptan a las nuevas realidades. Igualmente, la Ley de la Prestación Canaria de Inserción deja desprotegidas una gran cantidad de personas en situación de Excusión Social, a causa de los límites establecidos en los requisitos de acceso a la misma y la escasa cantidad presupuestaria que la financia. Los Colegios Profesionales reiteran que la Ley es exclusiva en sí misma y la dotación presupuestaria es escasa. En 2010 el 35,3% de la población canaria se encontraba en riesgo de exclusión, y la PCI dió cobertura sólo a un 1,33% de la misma.

La aproximación teórica al concepto de exclusión que incluye la Ley en su preámbulo aporta únicamente eso, un concepto, pero no suministra criterios que definan en términos sociales cuál es el perfil de la persona beneficiaria de la PCI. Es decir, no aporta orientaciones operativas que aclaren qué se considera exclusión social, cuándo es leve, moderada o severa, y cuáles son los indicadores concretos que se utilizan para su medición y evaluación.

Por tanto, es necesario llegar a un consenso conceptual operativo entre los agentes implicados en la implementación de la PCI, estableciendo indicadores y escalas de valoración y haciendo referencia a la literatura existente en la materia, motivo por el que los Colegios de Trabajo Social insisten en la importancia de tipificar y consensuar los indicadores de exclusión social entre los/as técnicos/as de la Dirección General de Políticas Sociales y los/as técnicos/as municipales. No obstante lo anterior, la Consejería insta a los Colegios a colaborar en este proceso, al tratarse de una materia que requiere una mayor especialización y que es inherente al cuerpo teórico del Trabajo Social, aunque sea la propia Dirección General la que lidere este proceso.

Los Colegios comparten la existencia de un Grupo de Trabajo de profesionales, dedicados/as a la aplicación de esta Prestación desde los ayuntamientos, que viene funcionando en la Isla de Tenerife, con amplia participación, y que tiene previsto celebrar su sesión del mes de septiembre con el personal adscrito a la Dirección General de Políticas Sociales. Esta iniciativa promueve no sólo el análisis y evaluación del trabajo realizado hasta el momento, sino el desarrollo de propuestas y alternativas de mejora a la P.C.I. como una Renta Mínima de Inserción adaptada a nuestro Archipiélago.

En el debate suscitado en torno a la aplicación de la Ley 1/2007 por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, se destacan los siguientes aspectos:

  • El plazo de resolución de la Prestación por parte de la Dirección General, ampliado a 6 meses, resulta excesivo. El hecho de que a estas alturas del año no se haya agotado el presupuesto asignado a la PCI (como ha sucedido año tras año desde su puesta en marcha), es debido a la ampliación del plazo para resolver, no es porque existan menos solicitantes o personas en situación de exclusión social. La alternativa previa, para atender las necesidades de subsistencia, de las ayudas de emergencia social municipales, no se considera ni suficiente ni adecuada. Se solicita que se reduzca a dos meses.
  • La importancia de atender y entender los distintos ámbitos de la vida de la persona, no sólo lo laboral o económico. Lo personal, lo psicoafectivo, lo relacionado con las motivaciones y las dinámicas de relación, tienen una importancia muy relevante a la hora de tratar e intervenir sobre los procesos de recuperación personal y familiar y de inserción laboral y social.
  • Los Colegios consideran que deben contemplarse las realidades personales, familiares y sociales de las familias ante los incumplimientos de los Programas de Actividades de Inserción (P.A.I.).

La Consejería valora la importancia de incorporar mayor exigencia en el cumplimiento de los itinerarios, pues en sucesivas ocasiones, desde la Dirección General de Políticas Sociales, se ha constatado que son numerosas las personas que rechazan ofertas de empleo siendo perceptoras de la P.C.I. La Directora General de Políticas Sociales acredita este hecho y apuesta igualmente porque se continúe en la línea de procurar un seguimiento más efectivo y continuado de los Programas de Actividades de Inserción por parte de los/as técnicos/as municipales.

Los Colegios Profesionales apuntan que en cualquier caso, la realidad social debe evaluarse en su conjunto, teniendo en cuenta el origen de las problemáticas, y no sólo los efectos que éstas producen, dado que entienden desde su perspectiva disciplinar, que las problemáticas tienen componentes multifactoriales y multicausales. Por consiguiente, estos componentes deben considerarse a la hora de evaluar los resultados de los P.A.I.

Por otra parte, se expone que las causas por las que no están siendo efectivos los planes de inserción son, entre otras:

  • Falta de recursos para implementarlos.
  • Excesiva carga de labores administrativas del personal técnico municipal, inestabilidad de las plantillas y la falta de dedicación exclusiva a la PCI.
  • La Comisión Técnica de Coordinación no ha articulado propuestas de acciones y programas optimizando los recursos ya existentes y articulando nuevos.
  • El sistema de tutorías y planes de empleo no son operativos.
  • Comisión de Seguimiento no ha desarrollado las funciones y competencias establecidas en la Ley.
  • Ausencia de políticas activas de empleo y de vivienda.

Entre todos/as, se pone de manifiesto la necesidad de promover y supervisar la estabilidad de los/as profesionales dedicados a los equipos municipales de inserción, así como la ratio más adecuada según las características de población de cada municipio. Esto conlleva, la necesidad de revisar las fórmulas y la distribución de la financiación autonómica dirigida a mantener este personal. En este sentido, la Consejería refiere al Acuerdo Marco suscrito entre ésta y la Federación Canaria de Municipios para la distribución de los créditos necesarios para dar continuidad al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, suscrito el pasado 4 de Enero de 2012.

Desde los Colegios se informa que pese a que ese acuerdo está formalizado, hoy por hoy existen numerosas entidades municipales que no han procedido a la contratación del personal para el Programa de la Prestación Canaria de Inserción, por lo que se sobrecarga a otros/as profesionales municipales en la gestión de esta prestación o en otros casos, se deja sin efecto el cumplimiento del Acuerdo hasta tanto sea aprobada su adhesión por parte de las distintas corporaciones municipales. La Consejería se muestra interesada en conocer los motivos por los que no se contrata a ese personal y se compromete a contactar con los ayuntamientos para realizar las comprobaciones pertinentes.

Por otra parte, a colación de una noticia de prensa publicada en el Periódico El Día en días anteriores a este encuentro, donde se vertían declaraciones asociadas por error a los Colegios profesionales de Trabajo Social, que en este caso, procedían de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN), la Consejera desmiente que los fondos consignados durante el ejercicio presupuestario anual se hayan agotado, ya que en cualquier caso, la partida presupuestaria es ampliable durante el año en curso. Aún así, los Colegios Profesionales, ratifican su pertenencia al colectivo de REDESSCAN y se remiten a los informes temáticos presentados a la Consejería en noviembre de 2011 relativos a la LPAPAD y la PCI, entre otros, donde se manifiesta de forma concisa y clara la postura de ambas entidades, siempre desde un punto de vista constructivo y avalada por fuentes de información fiables y contrastadas.

CONCLUSIONES

  • Los/as asistentes a la reunión consideran prioritario cursar los trámites oportunos para la reactivación del Grupo de Trabajo promovido por el Consejo General de Servicios Sociales, encargado de elaborar una propuesta de nueva Ley Territorial, que integre a todos los subsistemas y sectores (promoción de la autonomía personal, lucha contra la exclusión social, mayores, discapacidad, infancia y familia, etc.). Este Grupo de Trabajo debe integrar y representar a distintos miembros de la sociedad organizada (entidades del tercer sector, colegios, administraciones, etc.). La Consejería informa que durante el mes de Octubre se convocará a los/as integrantes. Los Colegios ofrecen su colaboración y adquieren el compromiso de realizar propuestas constructivas para la elaboración de la nueva Ley, dado que es intención del Gobierno avanzar en la promulgación de la misma y concluir con su aprobación antes de que finalice la legislatura. La nueva Ley deberá clarificar, entre otros aspectos, las competencias de cada administración, el papel de la iniciativa privada (supervisada y regulada) y la estructura actual de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma.
  • Las personas asistentes a este encuentro estiman conveniente introducir mejoras en el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (SICAD), promoviendo un modelo clarificado de funciones y competencias entre las administraciones intervinientes, integrados en el Sistema Público de Servicios Sociales, con protocolos y mecanismos de funcionamiento homogéneos, con una sincronización de la respuesta a las demandas de los/as ciudadanos/as a la cartera de servicios y por supuesto, un replanteamiento de la normativa canaria teniendo en cuenta las modificaciones que están surtiendo efectos en el conjunto del Estado. 
  • Urge tipificar y consensuar los indicadores y variables de exclusión social a tener en cuenta en relación a la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción entre los/as técnicos/as de la Dirección General de Políticas Sociales y los/as técnicos/as municipales, basados en el marco conceptual y teórico existente. La Consejería y los Colegios se comprometen a facilitar este proceso, permitiendo a los/as profesionales del Trabajo Social a hacer una contribución de mayor especialización, en tanto que esta materia es propia de la disciplina del Trabajo Social.

Por todo lo antedicho, se tiene a bien dar traslado de esta síntesis a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda al objeto de hacer constar lo tratado en la reunión del pasado día 30 de julio de 2012 y por consiguiente, compartir esta información en los diferentes espacios en los que los Colegios tienen presencia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de agosto de 2012.

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